Las farmacias son empresas privadas y quieren obtener beneficios, y este hecho abre la puerta al mercadeo, a la mercantilización de la salud y a la denigración de una profesión eminentemente sanitaria en aras de un perfil comercial que aumente la caja de la empresa.
Recientemente, recurrimos a la asistencia sanitaria pública y quedamos impresionados con la dedicación y profesionalidad del equipo médico que nos atendió. Parte de esta atención involucró el uso de medicamentos, administrados sin presión para comprar productos adicionales, lo que contrasta con la experiencia en muchas farmacias. Estas últimas, siendo negocios privados, a menudo ofrecen una gama de productos que pueden no ser necesarios o beneficiosos para la salud, con el fin de maximizar sus ganancias.
Esta realidad destaca una discrepancia en el sistema sanitario: mientras que los hospitales se centran en el bienestar del paciente, las farmacias, como entidades privadas, a veces se inclinan hacia el comercio, vendiendo productos con poca evidencia científica de su eficacia. Este enfoque comercial puede llevar a prácticas cuestionables, como la venta de medicamentos sin la receta médica necesaria.
Una solución podría ser considerar la titularidad pública para las farmacias. Al hacerlo, se podrían eliminar los incentivos puramente comerciales, garantizando que las recomendaciones y productos estén alineados con el bienestar del paciente. Además, el estado podría beneficiarse económicamente, reduciendo gastos y generando ahorros significativos. Por lo tanto, al debatir sobre un sistema de salud pública y universal, es esencial abordar el papel de las farmacias en dicho sistema.
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