La prevalencia de los trastornos de salud mental ha aumentado considerablemente en los últimos años. De esta manera, la pandemia de Covid-19 actuó como un factor que aceleró los desequilibrios emocionales de muchos ciudadanos, al mismo tiempo que los animó a superar el temor de admitir una situación que solía ser estigmatizada. Sin embargo, no se ha realizado un suministro adecuado de recursos y personal especializado en salud mental para hacer frente a esta creciente demanda de pacientes que requieren asistencia, lo que resulta en largas listas de espera y la incapacidad de brindar un seguimiento oportuno a los pacientes.
En este sentido, recientemente la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) ha alertado sobre la actual ratio de psiquiatras en la red pública de salud mental en España, que es de 11,5 por cada 100.000 habitantes, lo cual es «considerablemente inferior al promedio de los países de la Unión Europea y mucho más bajo que el promedio de países con un PIB similar». Por ejemplo, países como Portugal (14), República Checa (15), Bélgica (17), Dinamarca, Reino Unido e Irlanda (19) nos superan en este aspecto, sin mencionar otros estados más avanzados en este ámbito como Austria y Suecia (22), Francia (23), Noruega (26) o Alemania (28).
Esta realidad también se refleja en las «desigualdades» que existen entre las diferentes comunidades autónomas (CC.AA.) de España, lo que afecta seriamente la equidad en el acceso al tratamiento psiquiátrico para los ciudadanos, dependiendo de si nacieron en una región u otra. Un «desequilibrio» que el presidente de SEPSM, Manuel Martín Carrasco, ha explicado que, aunque las ratios «no sean las ideales», al menos se podría trabajar para que fueran «equitativas» en la atención a cualquier persona en nuestro país.
En concreto, según los datos de SEPSM, algunas comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña presentan cifras óptimas de psiquiatras por cada 100.000 habitantes, con 15 y 13,3 respectivamente. Mientras tanto, en el otro extremo de la atención en salud mental, encontramos territorios donde la situación es más preocupante, como Melilla (4,7), Ceuta (5,9), Comunidad Valenciana (5,9), Andalucía (6,2), Extremadura (6,8) o La Rioja (6,9). Estas desigualdades son consideradas por el colectivo como algo «esencial de corregir para garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos a los servicios de salud mental».
El principio de una sanidad universal e igualitaria para todos los españoles está establecido en la constitución, pero la realidad no siempre es tan simple. Para empezar, las comunidades autónomas tienen sus propias competencias sanitarias y, por lo tanto, cada región puede considerar diferentes prioridades u objetivos en sus estrategias para abordar la salud mental. Por lo tanto, sería necesario llegar a consensos y establecer estándares comunes entre todas las autonomías.
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